Cocaína adulterada en Provincia de Buenos Aires: evidencias científicas para pensar una nueva política de drogas
Tras el trágico brote bonaerense por la sustancia adulterada con opioides en 2022, profesionales de la salud sugieren, en base a evidencias y experiencias, avanzar hacia un paradigma de salud pública.
Por Julián Di Benedetto1
En febrero de 2022 se produjo un brote de intoxicación por consumo de cocaína adulterada con opioides en varios municipios bonaerenses. El saldo fueron decenas de internaciones y una veintena de muertes. Un equipo interdisciplinario de profesionales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires trabajó en el caso y documentó hallazgos y recomendaciones en un artículo científico clave para transformar el abordaje desde la salud pública .
Los hechos
En la madrugada del 2 de febrero de 2022 las guardias hospitalarias de la zona norte del conurbano bonaerense comenzaron a recibir pacientes con cuadros de intoxicación severa, algunos de los cuales fallecían rápidamente. Los municipios más afectados eran Hurlingham, General San Martín, Ituzaingó, Moreno y Tres de Febrero; y el denominador común en las personas ingresadas era el consumo de cocaína.
Los equipos de salud de la provincia de Buenos Aires, ante la magnitud del hecho, entendieron que se trataba de una fuente común de intoxicación. Los síntomas y las respuestas a los tratamientos que se estaban implementando permitieron a los expertos llegar a la hipótesis de que la fuente era cocaína adulterada con opioides. Más adelante, los análisis de laboratorio de las muestras recolectadas por el Ministerio de Seguridad bonaerense concluirían que, efectivamente, la sustancia era carfentanilo, un derivado sintético del opio que puede llegar a tener efectos diez mil veces más potentes que la heroína.
Durante los cuatro días siguientes, fuentes no oficiales registraron un total de 253 casos y 24 personas fallecidas. Oficialmente, se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) 124 casos, entre 18 y 57 años, en su mayoría de sexo masculino. Más de la mitad requirió internación hospitalaria y 19 personas fallecieron: 14 hombres y 5 mujeres, entre 21 y 57 años.
La intervención por parte de la Provincia se apoyó tanto en el Ministerio de Seguridad como en el de Salud. En este último se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario para afrontar la situación, que involucró distintas áreas especializadas en salud mental, consumos problemáticos, toxicología, vigilancia epidemiológica, emergencias hospitalarias, entre otras.
Un volante de otro paradigma
Tras realizar una hipótesis diagnóstica, el Ministerio de Salud bonaerense emitió una alerta epidemiológica y distribuyó un volante informativo con recomendaciones a las personas que pudieran estar expuestas a la sustancia adulterada. También se pusieron a disposición líneas telefónicas gratuitas y casillas de correo electrónico para atender las consultas de la población.
El mensaje causó revuelo en las redes sociales porque, a través de él, el Estado estaba dando sugerencias sobre el consumo de una sustancia ilegalizada, algo que muchas personas encontraron contradictorio. Sin embargo, el objetivo del volante era reducir la gravedad de la situación y controlar los potenciales efectos epidémicos de la presencia de opioides en el mercado de drogas de la Provincia.
Después de la acción, la reflexión
Luego del trágico brote, el equipo interdisciplinario que trabajó en el caso sedimentó esa colaboración y formó una mesa de trabajo. Allí, luego de un proceso reflexivo y de discusión, plasmaron sus conclusiones en un artículo que fue publicado en la Revista Argentina de Salud Pública.
En el paper, los investigadores afirman que en Argentina conviven dos paradigmas de abordaje al mercado de drogas. Por un lado, el punitivista-prohibicionista, que está anclado en la Ley de Estupefacientes Nº 23.737 de 1989, y que percibe al consumidor de sustancias ilegalizadas como enfermo y delincuente a la vez. Esto se traduce en una estigmatización del consumidor que dificulta su acceso al sistema de salud.
La otra cara de la moneda es la perspectiva de Reducción de Riesgos y Daños (RRyD), que se apoya en dos leyes: la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, de 2010, que promueve la atención en salud a las personas usuarias de drogas como con cualquier otro padecimiento mental; y el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, de 2014 y expresado en la Ley Nº 26.934, aún no reglamentada.
Esta dicotomía de enfoques se refleja en distintos modos de abordaje a la problemática del consumo de drogas. El prohibicionismo persigue y criminaliza a los usuarios de sustancias ilegalizadas, generando saturación de los sistemas judicial y carcelario; al tiempo que tiene al abstencionismo como única respuesta frente al consumo.
La perspectiva de RRyR, en cambio, entiende a los consumos problemáticos como un asunto de salud, y no de la seguridad o la justicia. Este enfoque parte de la certeza de que las personas usan drogas y no van a dejar de hacerlo, por lo que se busca mitigar los riesgos asociados. Para ello, promueve prácticas de autocuidado entre los consumidores y pugna por un mayor acceso a la información.
En esta línea, los investigadores afirman que es necesario poder diferenciar los distintos tipos de consumo para realizar abordajes pertinentes y mejorar la atención de los pacientes. De este modo, identifican consumos experimentales (de indagación y exploración), ocasionales (el uso de la sustancia se da en el marco de ciertos contextos y circunstancias), habituales (que tienen una frecuencia continua e incluso diaria), y, por último, problemáticos (donde la vida de la persona se organiza alrededor del consumo de drogas).
Un nuevo escenario
El desembarco local de los opioides obliga a revisar las normativas vigentes y las políticas frente al mercado de drogas en Argentina. Para ello, es necesario ver qué se está haciendo en países en los que hace más tiempo circulan los opioides sintéticos. En este sentido, en la investigación se señala que en países como Suiza, Canadá o Estados Unidos hay organismos estatales o de la sociedad civil que ya están desplegando intervenciones en lugares clave de consumo, suministrando naloxona (un antídoto contra los opiáceos) para poder actuar rápido frente a situaciones de intoxicación.
También existen, en diversos países, programas que permiten a los usuarios testear de forma gratuita las drogas que consumen para conocer su composición. Esto último puede resultar llamativo, pero en un mercado global en el que anualmente, para eludir los controles gubernamentales, aparecen cientos de nuevas sustancias psicoactivas, se torna vital que los usuarios puedan saber qué están consumiendo.
La realidad empuja a los estados hacia abordajes diferentes al punitivista-abstencionista. Por eso, el caso de la cocaína adulterada en la Provincia significó una novedad en términos de políticas públicas ya que, de manera incipiente, se pudo aplicar la perspectiva de RRyD en un caso específico. Los investigadores afirman que ello abre la posibilidad de profundizar estos abordajes en el futuro.
Fuente: Parajón, A., Baez, C., Barrio, A. L., Forlani, R. N., Díaz Mena, S. S., D´Agostino, A.M. & Varela, T. B. (2023). Cocaína adulterada con opioides en la provincia de Buenos Aires: análisis epidemiológico para pensar una nueva política de drogas. Revista Argentina de Salud Pública, 15, e91.
- Licenciado en Ciencia Política y Especialista en Tecnología Educativa. Estudiante de la Especialización en Comunicación, Gestión y Producción Cultural de la CyT (2023), Universidad Nacional de Quilmes ↩︎
